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Álvaro Rojo Quintana - Abogado

¿Es obligatorio el canal de denuncias?

Afinales de abril se hizo pública la propuesta de la directiva europea para la protección de los denunciantes de corrupción o fraude y violaciones de las leyes en los países de la Unión Europea, que regula un « estatuto legal de protección del denunciante » que elevará el nivel de protección de los trabajadores, en consonancia con los Derechos Sociales Europeos (Pillar of Socials Rights).

A diferencia del proyecto español de ley de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes (en tramitación parlamentaria), que limita la protección a los funcionarios del sector público, la directiva extiende la aplicación de estatuto legal de protección a los trabajadores del sector privado.

En concreto, la directiva impone a las empresas privadas con más de 50 trabajadores o con un volumen de negocio anual de más de 10 millones de euros, y a las Administraciones nacionales y regionales, así como a los municipios con más de 10.000 habitantes, a implementar un canal de denuncias interno y un procedimiento para gestionar las comunicaciones y denuncias, fijándose un plazo de respuesta de tres meses.

La norma, asimismo, establece dos niveles más de canales de denuncia para el caso de que los canales internos no funcionen o no se adopten las medidas adecuadas. Los Estados miembros deben proporcionar canales adecuados para denunciar ante las autoridades competentes e incluso, de existir un peligro inminente para el interés público, a los medios de comunicación.

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